La corrupción en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas no tiene escalafón. Agentes del Ministerio Público, peritos de diversas especialidades, policías investigadores y actuarios enfrentan procesos penales y administrativos detonados por denuncias ciudadanas por probables actos de corrupción.
En 22 meses, sesenta y seis servidores públicos de la PGJ han sido removidos, sancionados y vinculados a proceso por participar y orquestar acciones que impiden la resolución de casos o benefician a alguna parte de los implicados, de acuerdo con información proporcionada por el gobierno tamaulipeco.
Del total de acusados de corrupción, 16 ya fueron removidos, de éstos, 6 han recibido auto de formal prisión, 2 están en recluidos bajo el antiguo sistema de justicia y 8 fueron vinculados a proceso en el nuevo sistema judicial. A otros 30 empleados se les separó del cargo, 4 fueron suspendidos definitivamente y 16 fueron suspendidos temporalmente con un procedimiento administrativo iniciado.
A partir de octubre de 2016, el titular de la Procuraduría estatal, Irving Barrios Mojica, aseguró que evaluarían constantemente a los elementos a su cargo. Además, anticipó, revisaría las denuncias pasadas por presuntos hechos de corrupción en la dependencia que antes encabezó Ismael Quintanilla Acosta.
De acuerdo con el informe del Centro Nacional de Certificación y Acreditación de la Secretaría de Gobernación (Segob), el 19 por ciento de los mil 497 elementos de la PGJ evaluados y aprobados en una primera ocasión no cuenta con la licencia vigente. Aunado a esto, continúan laborando 81 funcionarios que no aprobaron y 32 que están pendientes de examen.
La Coordinación de Asuntos Internos, a cargo de José Gerardo Huerta Alcalá, es el órgano responsable de indagar las denuncias. Desde octubre de 2016 abrieron varias medios de denuncia, como el correo electrónico quejasydenuncias.pgje@tamaulipas.gob.mx y las líneas 01 800 745 8267 y 834 318-5100 extension 50191. Huerta Alcalá ocupó el mismo cargo en la Procuraduría General de la República (PGR).
A partir del 16 de febrero de 2017, la PGJ comenzó una campaña para recibir quejas y denuncias. En los meses siguiente el órgano de control interno admitió veintisiete quejas contra personal. En 2014, tras el anuncio de la estrategia federal de seguridad en Tamaulipas, comenzó la depuración de la PGJ y más de 250 elementos fueron liquidados por no cumplir con los requisitos para desempeñar el puesto.
Al llegar, el procurador Irving Barrios Mojica habló sobre la ‘limpia’ y las indagatorias contra personal en activo. “Hay personas que se enteran que son sujetas de investigación y se dan de baja, sin embargo la investigación continúa pero son los menos.”
El 12 de mayo la Coordinación de Asuntos Internos informó de la primera acción de depuración. El Policía Ministerial de la Fuerza de Reacción Inmediata, Óscar Fidencio “N”, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.
El agente exigió dinero a cambio de dejar en libertad al presunto responsable de robo a escuelas en Llera de Canales. Mediante la indagatoria se comprobó que un familiar del probable delincuente entregó el monto dentro de las oficinas gubernamentales.
El primer caso de un elemento acusado fue informado en octubre de 2017. El día 3 del mes citado, el Juez de Control vinculó a proceso a la agente del Ministerio Público, Rosa “N”, por el delito de ejercicio Indebido de funciones públicas a título de autora material.
“Los hechos materia de la imputación se hacen consistir medularmente en que desde el mes de agosto de 2015 a mayo de 2017, ejerció actos inherentes a la función de investigación y persecución de delito como agente del Ministerio Público adscrita en diversas áreas de la PGJT, sin llenar todos los requisitos legales que exige el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado; en particular, no contar con Título de Licenciado en Derecho, ni Cédula Profesional que la autorice ejercer la profesión”, informó la PGJ.
Ocho días después, el juez de Primera Instancia de Tampico dictó auto de formal prisión en contra de Fernando “N”, expolicía antisecuestros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad.
El hombre fue acusado de agredir físicamente a una persona cuando se dirigía hacia las instalaciones de Antisecuestros en referida ciudad para atender un llamado de su superior. El agente del Ministerio Público de la Coordinación de Asuntos Internos recabó la acusación para obtener la orden de aprehensión contra el expolicía.
Para noviembre, el perito médico Miguel “N” compareció ante el juez de control, por ser presunto responsable de cohecho a título de autor material, indicó una investigación realizada por la Coordinación de Asuntos Internos (CAI).
La imputación concreta refiere que el perito realizó la inspección de una persona fallecida, quien pidió a sus familiares una cantidad de dinero a cambio de no realizar la necropsia de ley para poder expedir el certificado de defunción.
El siguiente caso de aprehensión y vinculación a proceso de funcionarios sucedió el 5 de agosto de este año. Juan “N” y Óscar “N”, jefe de grupo y el agente de la Policía Ministerial asignados a Xicoténcatl, Ocampo, Gómez Farías y Llera, respectivamente, fueron capturados por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.
La indagatoria estableció: “en marzo de 2016, los imputados obligaron a una persona a entregarles la cantidad de 10 mil pesos, con la finalidad de que obtuviera su libertad, dentro de una averiguación previa que se integraba en su contra por el delito de Robo en la Agencia del Ministerio Público Investigador del Municipio de Llera”.
A los seis días posteriores, la PGJ reveló la vinculación a proceso la agente del Ministerio Público, Mónica “N”, por delitos cometidos en el desempeño de funciones judiciales o administrativas.
La acusación detalla que Mónica “N” ejerció acción penal en contra de una persona por el delito de lesiones, cuando tuvo las pruebas para acreditar el delito de homicidio en grado de tentativa y la responsabilidad total. Este hecho ocurrió en febrero de 2015.
La acción de la agente fue considera como una “conducta dolosa con la que favoreció al probable responsable, al ser procesado y condenado por un delito de menor gravedad, obteniendo una penalidad menor a la que le correspondía por el delito de Homicidio en grado de Tentativa”.
De las 16 remociones del cargo, la PGJ hizo públicas la de un agente del Ministerio Público que incurrió en irregularidades y omisiones durante un proceso administrativo, relacionado con un caso de una persona desaparecida.
“El funcionario no sustanció debidamente el procedimiento, lo cual significa que no realizó adecuadamente las diligencias para esclarecer hechos respecto a la no localización o privación ilegal de la libertad, de acuerdo a la denuncia presentada por el familiar de la víctima de desaparición”, comprobó la Coordinación de Asuntos Internos.
Igualmente, otro agente adscrito a la Agencia Tercera del Ministerio Público Investigador en Ciudad Victoria, fue despedido por no realizar diligencias relacionadas con el delito de tortura.
El removido “incumplió con sus funciones al no dar atención y seguimiento a la integración de una averiguación previa”.
Asimismo, un tercer agente de la Policía Ministerial adscrito a San Fernando fue removido por disparar injustificamente al aire su arma de porte. Dicha acción incumple los artículos 70, Fracción I y XIV; 71 Fracción X y XI; y 72 de la Ley Orgánica de la PGJT
