Tres funcionarios del Ayuntamiento de Matamoros y 30 elementos que hacían labores de policías viales en el municipio fueron vinculados a proceso por desempeñar funciones para las que no estaban contratados, ni contaban con acreditación.
Un juez de control ordenó la vinculación de las 34 personas, acusadas de ejercicio ilícito de la función pública, luego de una investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El lunes, se ordenó la vinculación del encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Antonio Trejo Morales; el actual director de Tránsito y Vialidad, Carlos Aguirre Salazar y el ex titular de esa dependencia, Guillermo Sánchez Garza; también fue procesada la directora de Recursos Humanos, Erika Gloria Cavazos de la Garza.
A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que de ser encontrados culpables, los imputados podrían alcanzar hasta seis años de prisión, una multa de 400 Unidades de Medida de Actualización (UMA), y la destitución del cargo e inhabilitación de tres a seis años para desempeñarse en la administración pública.
La medida ordenada por el Juez de Control en turno de la Tercera Región Judicial del Estado incluye también a 30 empleados municipales que estaban contratados como vigilantes, exclusivamente para cuidar los edificios públicos.
Sin embargo, estos elementos recibieron uniformes con las insignias de Tránsito y Vialidad y les dieron facultades para imponer infracciones a los automovilistas de Matamoros.
Todas estas labores las realizaron sin haber aprobado ninguna prueba de confianza, ni tener acreditación de ningún tipo. Tampoco habían recibido nombramientos formales.
El Juez de Control había ordenado medidas cautelares para los funcionarios, por lo que ahora están imposibilitados para salir del país y cada 15 días deberán acudir a firmar al juzgado.
También se les prohibió acercarse a la parte demandante.
Y los “vigilantes” no podrán realizar ninguna actividad relacionada con Tránsito y Vialidad.
La denuncia había sido interpuesta hace más de un año por la fracción panista del Cabildo, primero ante ese órgano del Ayuntamiento y luego ante la Contraloría, pero fue hasta que el caso llegó a manos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que se comenzó una investigación que derivó en la vinculación a proceso.
El Gobierno de Tamaulipas detalló en el comunicado oficial que de esta manera “refrenda su compromiso de combatir la corrupción e impunidad, para garantizar la honestidad y legalidad de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones”.
