CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Este año 18 instituciones del gobierno estatal y municipal fueron denunciadas ante las autoridades del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (Itait) por no cumplir con la publicar, ni proporcionar información pública de oficio.
Información emitida por el Itait exhibe que en el transcurso del 2018, son 28 las denuncias interpuestas por ciudadanos a través de Plataforma Nacional de Transparencia en contra de 18 instituciones gubernamentales municipales y estatales.
Las denuncias son por no publicar los gastos de representación, sueldos de funcionarios públicos, datos de beneficiarios y montos de programas de subsidio y estímulos entre otras como lo muestran los datos emitidos por el Itait.
Entre las instituciones municipales que fueron denunciadas aparecen el ayuntamiento de Méndez, Reynosa, Abasolo, Matamoros, la Comapa de Victoria, el ayuntamiento de Nuevo Laredo, y la Comapa de Matamoros.
En el caso de la defensora, y el ayuntamiento de Méndez, fueron desechadas por que el denunciante no especifico la causa de la violación a la ley de transparencia, un caso similar ocurrió en Abasolo y Reynosa.
En el área estatal, las instituciones denuncias son; el Instituto de Defensoria Pública de Tamaulipas, el Instituto de Prevención Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, la Secretaria de Finanzas, Bienestar
Social con dos casos, Secretaria de Educación, además del Tribunal de Justicia Administrativa.
También fueron denunciados el Partido Revolucionario Institucional, por no informar en Plataforma Nacional de Transparencia ni en su página de internet, sobre el padrón de afiliados o militantes, además de cuotas aportadas por estos y el listado de recursos aportados en precampañas y campañas.
Del ayuntamiento de Reynosa la denuncia interpuesta ante el Itait es por no cumplir con la información actualizada sobre gastos, contrataciones de obra pública, subsidios otorgados, beneficiarios de programas sociales o las condiciones de trabajo entre otros.
Para el Tribunal de Justicia Administrativa es por no cumplir con hacer pública la información de
contrataciones hechas por este instituto en los años 2015 y 2016, por lo que en este caso está pendiente la resolución.