CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca firmó junto a otros once gobernadores panistas, un desplegado en el que se pronuncian contra la creación de “súper delegados” del gobierno federal en las entidades.
“Nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados “Coordinadores Estatales” del Gobierno Federal, y colocar a los Gobernadores y Fiscales de los Estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”, señala la carta.
Aquí, la transcripción del documento completo:
Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos
Presente
El federalismo es una decisión constitutiva de la Nación mexicana. Un arreglo institucional que asigna responsabilidades y deberes para mejor proveer al bienestar de los mexicanos.
Si bien nuestro federalismo enfrenta problemas y desafíos incuestionables, sobre todo en las materias hacendaría y de seguri- dad, debe ser el punto de partida para que el Estado mexicano construya capacidades suficientes y eficaces para garantizar los derechos de las personas, prestar servicios públicos con eficiencia, preservar la gobernabilidad democrática y hacer valer el Estado de Derecho. La condición esencial de funcionamiento de un Estado federal es la coordinación, la colaboración y la ayuda subsidiaria entre los órdenes de gobierno.
Desde esa convicción, expresamos nuestra disposición a construir con el nuevo gobierno instituciones sólidas y políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, erradicar la corrupción, mitigar la desigualdad y restaurar la convivencia pacífica en nuestras comunidades. Nuestros gobiernos colaborarán, en el ám bito de su competencia, con las autoridades federales.
Pero la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar, como es nuestro caso. El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región. Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa. No se imponen desde el centro. La colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla de com ponentes y fines político electorales, para hacerla un campo de neutralidad política que eleve la mirada por encima de diferencias ideológicas, considerando en ello factores de responsabilidad legal y representatividad entre autoridades, eficiencia, secrecía, profesionalismo.
Por ello, nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados “Coordinadores Estatales” del Gobierno Federal, y colocar a los Gobernadores y Fiscales de los Estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales. El camino para resolver el gran pendiente de la seguridad es, por un lado, atender las causas criminógenas del delito y de la violencia, sobre todo las que facilitan la captura de los jóvenes y grupos vulnerables por el crimen organizado y, por otro lado, fortalecer las capacidades civiles de policía, investigación, procuración de justicia y reinserción social. En particular, establecer políticas de largo plazo e invertir recursos en el reclutamiento, profesionalización y dignificación salarial y gremial para las policías federal y locales, bajo un diseño institucional que precise los tramos de responsabilidad y los mecanismos de colaboración, auxilio y sustitución subsidiaria.
Asimismo, fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el esfuerzo del Estado mexicano en esta materia se oriente a objetivos claros, transparentes, medibles y evaluables. Un sistema que fije con eficacia las obligaciones, procesos y consecuencias para que cada com ponente de la Unión haga bien la parte que le corresponde. Reconocemos la contribución que las fuerzas armadas mexicanas realizan todos los días por la seguridad de los ciudadanos y estamos de acuerdo en la imperiosa necesidad de que continúen con esa extraordinaria labor de apoyo a la seguridad de la sociedad mexicana. Pero su presencia responde a una necesidad provocada por la omisión política de construir capacidades civiles. Las fuerzas armadas deben participar en auxilio y colaboración de las autoridades competentes en circunstancias especialmente apremiantes que pongan en riesgo la soberanía e independencia nacional, la continuidad del orden constitucional, la integridad del pacto federal, la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos. La función de las fuerzas armadas no es la de primeros respondientes, sino el último recurso del Estado para preservarse. Los primeros respondientes somos quienes fuimos votados por los ciudadanos para velar por su tranquilidad. No podemos pedir más a las fuerzas armadas de manera indeterminada, si de la mano no trazamos una ruta de mejora de las policías civiles federales y, especialmente, estatales y municipales.
Estamos convencidos de que México debe avanzar hacia una normalidad en la que la seguridad sea una condición generada desde las responsabilidades jurídicas y políticas. El camino del entendimiento está trazado en la Constitución, en el federalismo, en la división de poderes, en el respeto a los derechos y libertades, en el diálogo incluyente y participativo. Cualquier atajo en ese camino sólo conduce a desencuentros que siempre pagan muy caro todos los mexicanos.
Reiteramos, sin reserva alguna, nuestro respeto, reconocimiento y gratitud a nuestras fuerzas armadas, nuestra voluntad de diálogo y colaboración con el nuevo titular del ejecutivo por el bien de México, como corresponde a una democracia que aspira a consolidarse con el esfuerzo de todos.
Atentamente,
C.P. Martín Orozco Sandoval, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes; Lic. Antonio Echevarría García, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nayarit; Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California; Dr. José Antonio Gali Fayad, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla; Mtro. Carlos Mendoza Davis, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; MVZ. Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Querétaro; Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua; C.P. Carlos Joaquín González, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango; Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador del Estado Libre y Soberano deTamaulipas; Mtro. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; y Lic. Mauricio Vila Dosal, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
