CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Cualquier persona que en el actual proceso electoral, sea funcionario o no, que utilice recursos públicos, o programas sociales para presionar a los votantes o movilizar ciudadanos, irá directo a prisión sin derecho a fianza.g
La semana pasada se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el decreto que reforma la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y que dicta prisión preventiva oficiosa para quienes coaccionen el voto con recursos públicos.
De esta forma, se agravará el castigo para quien ofrezca despensas, dinero u otros apoyos públicos para acudir a las urnas a votar por determinado partido político, pero también para quien acarree ciudadanos a eventos proselitistas.
El funcionario o ciudadano que sea sorprendido cometiendo este delito, podría alcanzar hasta nueve años de cárcel y una multa de 53 mil pesos, pero lo más importante, es que deberá enfrentar su proceso legal en prisión, pues no tendrá derecho a salir bajo fianza, como ocurría en los anteriores procesos electorales.
La Ley detalla que incurre en este delito, quien “utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar”.
La sanción será mayor para los funcionarios públicos que utilicen o permitan el uso de recursos públicos “con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición”.
En estos casos, además de la prisión preventiva obligada, se impondría una multa de 89 mil pesos y nueve años en prisión.
Estas medidas fueron aprobadas por el Senado junto a otro paquete de delitos que ahora fueron catalogados como graves, relacionados con actos de corrupción y el robo de hidrocarburos.
Sin embargo, en el caso de los electorales, partidos como el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, los catalogaron como decisiones populistas que precisamente tendrían fines electoreros.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues consideró que la prisión preventiva oficiosa en estos casos rompe con algunos principios jurídicos plasmados en la Carta Magna y en tratados internacionales.
“Las normas impugnadas transgreden el debido proceso, las garantías judiciales y la presunción de inocencia de las personas, en virtud de que las disposiciones reclamadas ordenan que las personas deberán ser privadas cautelarmente de su libertad, aun cuando no se ha ventilado un proceso con las formalidades correspondientes y sin que se demuestre con las pruebas pertinentes y suficientes su culpabilidad en la participación o comisión de una conducta delictiva”, explicó el organismo.
En Tamaulipas desde el año pasado firmaron un convenio la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para trabajar de manera conjunta y facilitar a la población la presentación de denuncias electorales.
¿QUIÉN VA A LA CÁRCEL?
-La persona, servidor público o no, que use o permita el uso de los recursos públicos para incidir de cualquier modo en el electorado.
-Quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato.
-Quien ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
