TAMAULIPAS.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, promovió una controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que busca invalidar la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) ante un juez, para proceder en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.
Los Ministros Luis María Aguilar Morales y Mario Pardo Rebolledo, de la Comisión de Receso, determinaron que una vez que de inicio e l s e g u n d o periodo de sesiones, se enviaría a la presidencia de la Suprema Corte, para que provea lo relativo al turno.
La controversia constitucional (96/2021) es promovida por el mandatario en contra de la Fiscalía General de la República y el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
Algunas observaciones que los Ministros realizaron a la controversia promovida por el mandatario tamaulipeco, se señala las fechas en que conoció de la demanda y la controversia promovida por el mismo Congreso Local.
En la lista de notificación del 30 de julio, se advierte al gobernador tamaulipeco, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del acuerdo, señale, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Así como se le pide precise si en la citada controversia la autoridad demandada es el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México o si desea señalar como autoridad demandada al Poder Judicial Federal.
El pasado 19 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, girada por el Juez Iván Aarón Zeferín Hernández.
Ese mismo día, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó el congelamiento de las cuentas bancarias del mandatario y otras 12 personas físicas y 25 morales, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Más tarde, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó una violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, acusando que, pese a que en reiteradas ocasiones solicitó conocer y comparecer a la carpeta de investigación, pero no le han dejado defenderse.
El 30 de abril, la Cámara de Diputados declaró procedente el desafuero del gobernador, por el delito de defraudación fiscal.
Ese mismo día, el Congreso de Tamaulipas, decidió no homologar la acción, con ello que el mandatario mantuvo la inmunidad procesal. Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación existen varios asuntos pendientes de resolver sobre este caso.
POR PERLA RESÉNDEZ
