Tamaulipas, más de una década en conflicto armado

Victoria

Un conflicto armado de alta intensidad prevalece desde 2010 en prácticamente todo el territorio estatal, asegura el informe de campo: Seguridad en Tamaulipas Hoy: Una Paz Simulada.

La investigación documentó que los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Ciudad Victoria y El Mante concentran el mayor número de eventos violentos de alto impacto. De los 7 destaca a Nuevo Laredo, ya que “la pelea por la plaza tiene que ver, entre otras cosas, con la gran cantidad de cruces diarios por el Puente Internacional Comercio Mundial” cuya carga en su mayoría no se revisa y facilita el cruce de mercancía ilícita.

El 80 por ciento del comercio entre México y Estados Unidos circula por la carretera MonterreyNuevo Laredo. El puerto fronterizo registra algunos de los eventos más violentos del crimen organizado, y los que involucran a las fuerzas armadas.

Como el grupo de 45 elementos de la Secretaría de Marina detenidos y acusados de desapariciones forzadas de más de 30 personas, entre febrero y mayo de 2018, según la Recomendación 36VG/2020 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Los oficiales de la Unida de Operaciones Especiales (Unopes) de la Marina, fueron responsabilizados de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura de 27 personas, algunas hallados muertas cerca en los límites con Nuevo León.

Dos sobrevivientes señalaron como responsables a los elementos navales desplegados en Nuevo Laredo y tras un escándalo internacional las tropas de la Marina fueron retiradas de Nuevo Laredo.

Una mayoría de los marinos involucrados fue dejada en libertad por el Juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, quien resolvió a su favor un amparo. Y el 5 de septiembre del 2021, se registró la ejecución extrajudicial de 8 personas, 3 mujeres y 5 hombres por el grupo de operaciones especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) que los vistió con uniformes camuflados, tipo militar. Los muertos tenían entre 18 y 40 años.

Siete elementos del CAIET fueron acusados y 2 se convirtieron en colaboradores de la autoridad y estuvieron presos en un penal del Estado; los otros 5 siguen prófugos.

MIGRANTES, TAMBIÉN VÍCTIMAS

Migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, de América del sur, Europa, Asia, el Caribe, Rusia y Ucrania, también han sido víctimas de grupos criminales. Dos masacres de ellos ocurridas en San Fernando en 2010 y 2011 fueron atribuidas a un cartel de las drogas y mostraron la violencia inédita con la que operaba el grupo criminal bajo el cobijo de autoridades municipales y estatales.

El 22 de agosto del 2010, el joven ecuatoriano Luis Fredy Lala Pomavilla, uno de 2 sobrevivientes, narró cómo 72 personas, 58 hombres y 14 mujeres, principalmente del centro y sur de América, fueron masacrados en el Huizachal, en San Fernando.

La segunda masacre, descubierta el 1 de abril del 2011 descubrió el modo de desaparecer a las personas por parte del grupo criminal. Las secuestraban en los autobuses y no querían “trabajar” para el cártel, eran asesinadas y dejadas en fosas clandestinas.

En esa fecha se reportaron primero 59 muertos en 8 fosas; el 8 de abril otros 13 cadáveres en 2 fosas más y el 10 de abril, un presunto homicida arrestado informó del sitio de 4 fosas con otros 16 cuerpos.

En ese mes se localizaron 47 inhumaciones clandestinas con casi 200 víctimas, según Marisela Morales Ibañez, entonces Procuradora General de la República (PGR).

Entre 17 personas detenidas había algunos policías municipales, quienes “trabajaban” para el grupo criminal.

LA MUERTE LOS ATRAPA EN GÜÉMEZ

En 2015 y cerca de la capital de Tamaulipas, los cadáveres de 16 migrantes fueron encontrados en una fosa clandestina en el rancho “El 26” del ejido Plan de Ayala, en Güemez. No hubo detenidos. Trece eran de Guatemala y 3 de Honduras.

Tenían un año en calidad de desaparecidos. El Ejército Mexicano reportó el hallazgo el 16 de febrero de ese año. Algunas víctimas estaban atadas de manos y con disparos en la cabeza. El Equipo Argentino de Antropología Forense que participó en su identificación determinó que las víctimas fueron torturadas.

El grupo de migrantes viajó en autobús desde Guanajuato a Jalisco y había llegado a Tamaulipas. En un retén de policías judiciales, los sobornaron y como no todos pagaron los bajaron del vehículo.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN CAMARGO

En Camargo, el 22 de enero del 2021, fueron localizadas 19 víctimas en una brecha del ejido Santa Anita en Camargo; 16 eran de Guatemala, todos dejados en la caja de una camioneta que recibió 113 impactos de bala.

Las personas presentaban disparo en la cabeza, y sus cuerpos fueron calcinados. Doce policías estatales fueron detenidos y acusados de homicidio agravado, abuso de poder y obstrucción de la justicia.

Entre ellos había algunos integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), que sustituyó al CAIET y habrían actuado en apoyo a un grupo criminal que traficaba migrantes. Ninguno de los policías ha recibido una condena.

El informe Seguridad en Tamaulipas Hoy: Una Paz Simulada asegura que “aún es posible argumentar que en el estado de Tamaulipas se vive una paz simulada”.

EL RECIENTE CASO MATAMOROS

El secuestro de 4 estadunidenses, el asesinato de 2 de ellos y de una ciudadana mexicana en Matamoros el pasado 3 de marzo, puso de nueva cuenta a Tamaulipas en el “ojo del huracán”.

Luego que el FBI dio a conocer que había 4 ciudadanos norteamericanos desaparecidos, operativos de búsqueda lograron el hallazgo de los norteamericanos, 2 de ellos sin vida. Más tarde 5 hombres fueron dejados atados de manos a bordo de una camioneta en la que la autoridad aseguró armas de fuego y una cartulina donde el grupo criminal señalaba directamente a los sujetos como integrantes del mismo y responsables de los asesinatos y secuestros.

Uno más fue ubicado en la casa de seguridad donde mantenían a los norteamericanos, y todos serán acusados de secuestro y homicidio por la autoridad. El FBI no cerró el caso y solicitó a los ciudadanos el apoyo con videos y fotografías de los hechos y poder ser analizados por las autoridades de Estados Unidos.

POR PERLA RESÉNDEZ