CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó “el uso excesivo de la fuerza a través del uso ilegítimo de las armas de fuego” por parte de elementos de la Sedena, en hechos registrados el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, lo que derivó en la muerte de cinco jóvenes y uno más quedó gravemente herido.
De acuerdo con la investigación realizada, se confirmó que no se encontraron armas dentro del vehículo en el que viajaban los siete jóvenes; los vehículos oficiales donde circulaban los elementos de Sedena no presentan daños por proyectiles de armas de fuego, tampoco los 21 efectivos militares.
Y los elementos militares que se entrevistaron, nunca vieron que del vehículo particular de los jóvenes, se originaran disparos de armas de fuego, pese a que un dictamen de química forense, señalaba que las cinco personas fallecidas resultaron positivas a radiozonato de sodio.
“La actuación que desplegaron los elementos de la Sedena que participaron en la agresión, no fue acorde a lo establecido en el manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las Tres Fuerzas Armadas, ni tampoco a lo establecido en los estándares internacionales”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó la violación al derecho humano a la vida, que derivó en la privación arbitraria de la vida de cinco jóvenes en la colonia Manuel Cavazos Lerma en Nuevo Laredo, así como en la vulneración a la integridad y seguridad personal de dos jóvenes, uno de ellos con heridas graves y otro más que resultó ileso.
Un militar dijo que realizó tres disparos en la parte trasera del vehículo, luego sin mediar comando de voz, realizó 39 disparos, mientras que los otros tres efectivos, también accionaron sus armas en apoyo al tirador, siendo un total de 114 los disparos realizados en contra de la camioneta en la que viajaban los jóvenes.
El tirador hizo 39 disparos, otro militar disparó en 15 ocasiones, mientras los otros dos efectivos de Sedena dispararon en 30 ocasiones cada uno, según lo manifestado en sus declaraciones.
El joven que resultó ileso, refirió que ese 26 de febrero alrededor de las 4:00 horas, luego de salir de un centro nocturno y dirigirse a dejar a sus compañeros a sus casas, al tomar la calle Iglesias Calderón, los elementos de Sedena, sin dar aviso, ni identificarse, los chocaron por la parte trasera, provocando que la camioneta Pick Up en la que viajaban, chocara contra un auto estacionado.
“ahí los elementos militares se bajaron se acercaron la (sic) camioneta y disparan directamente a través de las ventanas, disparando a quema ropa en contra de nosotros”.
Refiere que se bajó de la camioneta y se puso de rodillas, diciéndoles que no eran delincuentes, lo que fue ignorado por los efectivos militares; explicando que vio a uno de sus compañeros herido que también se había bajado de la camioneta y a quien otro militar le disparó.
“Luego me preguntaron, que si quería vivir o morir y yo les respondí que quería vivir y ellos me dijeron que me declarara culpable, mientras ellos me grababan en video declarándome culpable, que dijera que íbamos huyendo…”.
En la recomendación N0 95 VG/2023, dirigida al titular de la Sedena, General Luis Crescencio Sandoval González, pidió la atención médica, psicológica y tanatológica para los sobrevivientes y atención psicológica y tanatológica para las familias de los cinco fallecidos por personal especializado, ajeno a la Sedena.
Además de colaborar en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para la inscripción en el registro nacional de víctimas de los siete jóvenes y sus núcleos familiares.
También tomar un curso de capacitación integral dirigido al personal de la Base de Operaciones Laguito en Nuevo Laredo en materia de derechos humanos y la no repetición de una acción como la realizada.
El 15 de marzo de 2023, el ministerio público federal en la carpeta de investigación 1, solicitó al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, formular imputación en contra de los cuatro militares que dispararon sus armas contra los jóvenes, fijando el órgano jurisdiccional audiencia para el 10 de abril del 2023.
Por Perla Reséndez
Expreso – La Razón
