Tamaulipas concentra el 64% de los cruces irregulares de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos durante la última década.
La gran mayoría de esas internaciones ilegales (71 por ciento) se realizaron a través de la contratación de algún “coyote” o “pollero” como se les conoce a las personas que cruzan a migrantes a través de la frontera.
El estudio “Caracterización de los flujos financieros asociados al tráfico ilícito de personas migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica”, presentado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, revela que a pesar de la crisis de inseguridad vivida durante los últimos años, Tamaulipas es por mucho la entidad a donde llegan más migrantes en su intento por cruzar a Estados Unidos.
Es además, el estado donde los “polleros” cobran cantidades más elevadas para cruzar a sus clientes. De acuerdo a este estudio, el pago promedio que hacen los migrantes para ser trasladados desde Centroamérica y cruzar la frontera México-Estados Unidos asciende a 4,559 dólares.
Pero hay entidades donde el precio promedio es más bajo como Baja California donde la tarifa es de 3,635 dólares; en Tamaulipas en cambio, el costo es de 4,686 dólares.
El documento llama la atención sobre el caso tamaulipeco.
“Al menos desde 2010 Tamaulipas es la principal entidad de cruce irregular de las personas provenientes del TNC (Triángulo Norte de Centroamérica), seguida por Sonora.
El tamaño del flujo que cruza por Tamaulipas podría obedecer a que es el punto de término de la ruta migratoria del Golfo, que es la más utilizada por esta población, además de ser la más corta”, señala. Esta información fue abordada durante la ‘Capacitación y mesa de trabajo para el desarrollo de ruta de protección de personas sujetas de tráfico ilícito de migrantes y la estrategia nacional en la materia en Tamaulipas’.
“El encuentro fue realizado con el objetivo de recopilar información para construir una ruta local de quienes están sujetas a este ilícito, así como un mapeo de las instituciones a nivel local que intervienen en la atención y protección de las y los migrantes”, dio a conocer la Secretaría de Gobernación.
El hecho de que Tamaulipas acapare el 64 por ciento de los cruces irregulares hacia Estados Unidos llama la atención de los especialistas, por diversas razones: “Es una de las entidad que registra contexto de violencia en contra de personas migrantes asociados a actividades de grupos del crimen organizado”.
En la última década han ocurrido en Tamaulipas graves crímenes cometidos contra personas en condición de migración, como la masacre de San Fernando o la de Camargo más recientemente.
Además, señala el estudio, las características geográficas del estado también representan un grave riesgo.
“De los 189 fallecimientos registrados de 2014 a julio de 2019, 158 se debieron a ahogamientos, presuntamente en el cruce del Río Bravo, convirtiendo a Tamaulipas en la entidad más riesgosas para las personas migrantes por los diferentes factores que en ella confluyen”.
Respecto al pago más alto que cobran los “polleros” en la entidad explican que se debe a que se ha convertido en un “gran punto de interés” para los grupos que se dedican a esa actividad.
“Esa pequeña diferencia en el precio puede traducirse en mayores recursos financieros cuando se toma en cuenta el gran número de personas que cruza por ahí”.
EL MERCADO MANDA
La cuota por persona para cruzar a Estados Unidos ronda los 82 mil pesos cuando se trata de migrantes provenientes de Centroamérica, pero se eleva a casi a 90 mil pesos si el migrante es de nacionalidad mexicana.
Al citar el estudio “Caracterización de los flujos financieros asociados al tráfico ilícito de personas migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica” (2020), la Unidad identificó una serie de variables que influyen en el cobro a los migrantes.
“Las personas que declararon no haber sufrido riesgos en el cruce pagaron más que las que manifestaron haberlos sufrido (las primeras pagaron 4 mil 760 dólares y las segundas 4 mil 587 dólares)”, describe.
La tarifa, por ejemplo, se reduce cuando los viajeros cuentan con familiares en Estados Unidos o si contratan a polleros, sin tomar en cuenta los riesgos en el cruce.
“Esto podría deberse a que las personas prefieran pagar un coyote más caro, asumiendo que es garantía de un cruce más seguro y podría ser consecuencia de que los coyotes que cobran más lo hacen porque tienen la capacidad de gestionar un tránsito y, eventualmente, lograr un cruce más seguro, debido a sus relaciones con el crimen organizado o con algunas autoridades coludidas”.
El coordinador del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Unidad, Miguel Ángel Aguilar Dorado, informó que la publicación estima que siete de cada 10 personas de Centroamérica que cruzaron la frontera con ayuda de un presunto traficante pagaron en promedio 4 mil 599 dólares.
Por otro lado, señaló que cinco de cada de 10 personas mexicanas que cruzaron bajo el mismo esquema pagaron en promedio 4 mil 599 dólares.
El coordinador del CEM reportó que, de enero de 2016 a febrero de este 2023, se han registrado 5 mil 743 denuncias sobre delitos perpetrados en contra de personas migrantes en situación irregular en México.
En un comunicado, refirió que el tráfico de personas es el segundo delito más denunciado, con un total de mil 861 casos, de los cuales, 33 por ciento fueron presentados por mujeres y 66 por ciento por hombres.
Reveló que, de acuerdo con la distribución por edad, 3 de cada 10 denuncias de tráfico ilícito corresponden a niñas, niños y adolescentes.
“La estadística oficial en la materia, así como las encuestas sobre migración en las fronteras, permiten hacer estimaciones sobre los flujos financieros asociados al tráfico ilícito de personas migrantes, las cantidades aproximadas, tipos de pago, y perfiles sociodemográficos de quienes contratan a los traficantes”, dijo.
“Se requiere fortalecer las alianzas en todos los órdenes de Gobierno, así como incorporar a los organismos internacionales y la sociedad civil, sin embargo, el primer contacto se encuentra con las autoridades locales y son quienes tienen la posibilidad de identificar perfiles vulnerables, ofrecer atención especializada y diferenciada que necesitan las personas migrantes sujetas a este ilícito”.
POR STAFF
