Apenas un año después de concluir su administración como gobernador de Tamaulipas, empezaron los problemas legales para Eugenio Hernández Flores.
En el año 2012, el presidente Felipe Calderón ordenó que se abriera una investigación contra él y contra su antecesor, Tomás Yarrington Ruvalcaba.
La indagatoria fue confirmada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que los acusaba de lavado de dinero, entre otros delitos.
En ese tiempo se emitió una alerta migratoria contra los dos ex gobernadores y cerca de 40 personajes considerados cercanos a su gestión. Durante ese periodo se realizaron algunos cateos y aseguramientos de propiedades que se atribuyeron a Hernández Flores.
Sin embargo, unos meses después, la PGR desestimó el caso y se cerró la indagatoria. Antes, la Procuradora Marisela Morales ya había dicho que no había elementos contra Hernández y contra Yarrington.
A partir de entonces, ya lejos del poder en Tamaulipas, Hernández Flores empezó a hacer presencia en Victoria, donde radica su familia.
Todo ello mientras se cocinaba la estrepitosa caída política del PRI que un par de años después perdió la gubernatura por primera vez en más de setenta años.
El ganador de la elección del 2016 fue Francisco García Cabeza de Vaca, con quien Hernández Flores había sostenido un enfrentamiento político durante su mandato, cuando el panista fue alcalde de Reynosa y diputado.
En el 2017, sumergido en una de sus peores crisis políticas, el PRI encaró un nuevo proceso de renovación de la dirigencia del Comité Directivo Estatal.
Los aspirantes finalistas fueron Oscar Luebbert -otro antiguo adversario político de Cabeza de Vaca- y Sergio Guajardo Maldonado, quien recibió el apoyo del nuevo gobierno panista para ganar la contienda interna.
Apenas un par de meses después de esta batalla priísta, el 6 de octubre del 2017 fue detenido Eugenio Hernández Flores, cuando salía de Victoria a bordo de su motocicleta a Zacatecas, para participar en un encuentro de motociclistas.
El ex gobernador fue acusado de Peculado y Operaciones con recursos de procedencia ilícita, según quedó asentado en la carpeta 67/2017, por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira, siendo otorgado un amparo por parte de un juez federal.
La acusación fue realizada por la recién estrenada Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Javier Castro Ormaechea, hoy magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.
Otro proceso quedó asentado en la carpeta 237/2018 donde se le acusó de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por 41 millones de pesos. También se integró otra carpeta, la 33/2018 con cargos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita; por esta se le decretó un auto de formal prisión el pasado 24 de diciembre del 2018, mientras que la carpeta 05/2021 se acusó de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante los últimos meses, el Poder Judicial de Tamaulipas fue desestimando todos estos casos, quedando solo pendiente la solicitud de extradición a Estados Unidos donde la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, busca procesarlo por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero, por el que tramitó el Amparo 788/2018.
Esta solicitud fue aceptada en el 2018 por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en ese entonces dirigía Luis Videgaray.
Hoy se dio a conocer que un Juez Federal ordenó la liberación del ex gobernador para que pueda enfrentar ese proceso en libertad.
POR STAFF
