Colectivos de búsqueda de desaparecidos e instancias no gubernamentales han señalado su preocupación por la modificación en el sistema para el registro de personas desaparecidas en México.
En Tamaulipas, son más de 13,011 los desaparecidos registrados en el sistema actual.
La ciudad de Reynosa es la que reporta la mayor incidencia de personas desaparecidas con 3,888, mientras Matamoros con 4,078 se ubica en el segundo lugar en el periodo de 1968 al 26 de agosto del 2023. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPNO), el mayor número de desapariciones se dio entre 2010 a 2016 con 9,828 casos reportados.
Esta herramienta creada está en pleno proceso de renovación, lo que ha encendido las alarmas de especialistas y activistas.
Entre cuestionamientos por opacidad, el Gobierno Federal avanza en la actualización del registro de desaparecidos con el apoyo de Servidores de la Nación.
Las preocupaciones de colectivos, organizaciones y familiares de personas desaparecidas van desde una intención por rasurar, maquillar o alterar el número de reportes hasta la revictimización con visitas domiciliarias.
“Nos preocupa por el riesgo de que pueda centrarse en minimizar las cifras de las personas desaparecidas en un contexto de cierre de gobierno”, sostienen los colectivos que conforman el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).
“El actual proceso de actualización no es ejecutado por las autoridades competentes en materia de búsqueda, sino por otras instancias, y no cuenta con una metodología clara y transparente”, advierte la ONU.
El 31 de julio, el Presidente anunció un plan para actualizar dicho registro, estrategia que involucra a los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar, cuyo contacto con la ciudadanía es básicamente para empadronar a beneficiarios de programas sociales.
López Obrador señaló entonces que los Servidores irían casa por casa para la confirmación de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), o bien, la detección de localizaciones que no fueron reportadas o sistematizadas en su momento.
-¿Están capacitados para el acercamiento con estos temas de derechos humanos?, se le preguntó ese día en su conferencia mañanera. “Sí, sí, sí. Van a ver a las familias y preguntan, y se encuentran de que ya están ahí las personas que, no todos, ¿eh?, estamos hablando de un porcentaje, que se están encontrando en sus domicilios”, respondió.
Ugalde, padre de José Esaú Ugalde Vega, joven desaparecido en 2015 a los 25 años de edad, se dijo a favor de la actualización del Registro, pero no con Servidores de la Nación y menos con visitas a domicilios.
“(La actualización) no tiene garantía ni certeza, y ellos (Servidores) no tienen el conocimiento ni el profesionalismo para hacerlo, son Servidores de la Nación, personas que no tienen el tacto de acercarse a las familias, lo cual es preocupante”, expresa.
“La situación de que lleguen a tu casa, toquen y te pregunten, y te digan que están investigando (el estatus de la persona desaparecida) eso, créeme, es un golpe muy duro, revictimizante, terrible para las familias; pensamos que se está haciendo por cuestiones político-electorales, espero equivocarme”.
PREOCUPACIONES Y CUESTIONAMIENTOS
Tras el anuncio de López Obrador, activistas y colectivos de familiares de personas desaparecidas levantaron la voz con el argumento de que el censo puede ocultar la realidad del fenómeno y no se construye con base en una metodología transparente.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos enfatiza que toda incorporación o remoción de datos del Registro Nacional debe realizarse de manera transparente y basada en evidencia debidamente confirmada y documentada, haciendo pública la metodología empleada.
“Demandamos se suspenda la realización del ‘nuevo censo’ hasta que no se lleve a cabo una serie de reuniones con las y los familiares donde se explique la lógica y metodología de esta actualización del RNPDNO”, urge en un pronunciamiento.
“Nos preocupa que corra riesgo el RNPDNO y que estas acciones sean actos encaminados hacia la opacidad del mismo registro por no hacer público el proceso de actualización y su metodología”, agrega el MNDM, que conforman más de 80 colectivos de 25 estados.
En paralelo, el MNDM observa que, desde abril pasado, se detectaron “movimientos irregulares” en la cifra de personas desaparecidas y no localizadas del Registro, el cual había tenido incrementos desde su creación. “Sin embargo, en estos últimos meses ha ido descendiendo la cifra de personas cuyo paradero aún desconocemos. Para mantener vigente el RNPDNO, contar con un registro confiable (…), no puede revictimizar a las familias de personas desaparecidas”, añade.
En el mismo sentido, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU advierte que el proceso de actualización no cumple con el Protocolo Homologado de Búsqueda ni con estándares internacionales en la materia.
El CED llama a que la actualización del Registro sea coordinada por la Comisión Nacional de Búsqueda con independencia e imparcialidad.
“El actual proceso de actualización no es ejecutado por las autoridades competentes en materia de búsqueda sino por otras instancias y no cuenta con una metodología clara y transparente, ni mecanismos que permitan la participación de los familiares de las personas desaparecidas”, indica. “En (su) implementación se han denunciado actos de revictimización, incluyendo señalamientos contra los familiares de ocultar el paradero de sus seres queridos”, expone el organismo el pasado 3 de abril.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) sostiene que la renuncia de Karla Quintana a la titularidad de la CNB, en medio del levantamiento de un nuevo censo, plantea el riesgo de manipulación de los datos sobre el número de desaparecidos en México.
“Preocupa que los cambios en la CNB puedan ser usados para revertir avances o incluso para manipular el Registro de Personas Desaparecidas, con el fin de presentar un descenso ficticio en tiempos electorales”, apunta. Ante dichos cuestionamientos, López Obrador ha llamado a la población a confiar en el ejercicio y colaborar en él; mientras que la Secretaría de Gobernación ha defendido el uso de Servidores en el proceso y ha pedido tanto a familiares como colectivos no preocuparse por la metodología, pues ésta, sostiene, está apegada a la ley.
“No tienen por qué preocuparse (los familiares), ¿cuál es la metodología? Está en el protocolo homologado de búsqueda, lo están realizando las Fiscalías de los estados, las comisiones locales de Búsqueda, la Comisión Nacional”, expresó el entonces Subsecretario Alejandro Encinas el 28 de agosto.
LA CRISIS DE TAMAULIPAS
La Fiscalía General del Estado registra 33 colectivos de Tamaulipas y 7 de San Luis Potosí y Nuevo León, que han realizado búsquedas en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía Especializada entre otras autoridades como Guardia Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano o Marina, que los acompañan en los operativos de búsqueda, refiere.
La Fiscalía General cuenta con 3 semefos, en Reynosa, Matamoros y Victoria, donde, hasta el 10 de agosto de este 2023 hay 158 cuerpos, mientras que en las fosas comunes de los panteones municipales desde el 2010 a esta fecha se contabilizan 1,718 cuerpos.
Esta situación apremia a los colectivos de desaparecidos para que se pueda dar nombre y rostro a esas 1,876 personas que se encuentran en calidad de desconocidos hasta hoy, y que tal vez son buscadas por algún familiar.
Recientemente se creó el primer centro de resguardo de cadáveres, conocido como panteón forense en Miguel Alemán, al que le siguió otro en El Mante y San Fernando, todos con capacidad para almacenar 500 cuerpos cada uno.
“Se tiene considerado construir un Centro de Resguardo en Matamoros y otro Reynosa, donde ya se cuenta con un predio donado a la fiscalía para esos efectos, aunque es preciso contar con otros en Victoria y Nuevo Laredo”, señaló el Fiscal, Irving Barrios Mujica.
En Tamaulipas hay una Unidad de Atención Psicosocial, además de brindar acompañamiento de las víctimas, los psicólogos aplican cuestionarios de vida para recabar información de las familia,s para identificación de las personas fallecidas sin identificar.
Se fortaleció laboratorio de genética con equipamiento y personal especializado en biología molecular para la conformación de los perfiles genéticos de familias y restos óseos y el cruce de información genética.
También se tienen acuerdos con la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional GIZ, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, Comisión Nacional de Búsqueda, Centro Nacional de Identificación Humana, el INE y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Al corte del 10 de agosto de este mismo año, detalla que se han identificado 1,694 cuerpos a través de pruebas genéticas de los cuales 1,376 fueron entregados, 27 de ellos de nacionalidad extranjera.
La Fiscalía Especializada cuenta con 26 agentes del ministerio público, 50 policías de investigación y 3 binomios caninos especializados en búsqueda de restos óseos y 1 binomio canino con la especialidad de búsqueda en vida de la Comisión Estatal de Búsqueda, sin embargo, se requiere al menos 6 binomios caninos más con ambas especialidados para cubrir todo el territorio estatal.
‘HUMANIZAN’ LAS BÚSQUEDAS
La CNB, que depende de Gobernación, realizó un diagnóstico del registro de desaparecidos al inicio de la administración y concluyó que no se contaba con una base de datos sólida ni confiable.
Encontró que existían múltiples archivos con estructuras diferentes, los datos eran inconsistentes, había “multiplicidad de información”, duplicidades, así como registros nulos y sin homologación de la información.
En agosto de 2019, la entonces titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció una nueva base de datos en la materia para sustituir el anterior Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
Con el objetivo de “humanizar” las búsquedas, la dependencia federal lanzó entonces una plataforma digital para reportar la desaparición de personas, incluso migrantes de otros países, aun cuando no existiera denuncia.
Tras casi dos años sin actualizarse, las autoridades federales dieron a conocer en enero de 2020 que México acumulaba 61 mil 637 personas desaparecidas desde los años 60. La última vez que se había hecho pública esta cifra, en abril de 2018, la cuenta sumaba 41 mil casos. Para construir el RNPDNO -en sustitución de la base anterior-, la CNB diseñó, desarrolló e implemento una estrategia tecnológica para la incorporación de información, permitiendo la interoperabilidad entre autoridades federales y estatales.
La CNB también construyó una herramienta para que el público y cualquier autoridad pueda realizar el reporte, o hacer del conocimiento del órgano de la Segob la noticia de una persona desaparecida o no localizada, sin necesidad de tener una denuncia ante fiscalías.
El resultado fue un importante aumento de las estadísticas debido a la incorporación de registros tanto nuevos como antiguos. Al 15 de junio de 2023 existían reportadas oficialmente como desaparecidas y no localizadas 111 mil 42 personas.
POR STAFF
