Dieciséis familias, 16 historias y motivaciones diferentes tuvieron un mismo y trágico fin en una fosa clandestina en el municipio de Güémez. El 16 de febrero del 2015, elementos del Ejército Mexicano notificaron el hallazgo de 16 personas en una fosa clandestina en el rancho “El 26” del ejido Plan de Ayala, en Güémez.
Algunas víctimas estaban atadas de manos y con disparos en la cabeza; el Equipo Argentino de Antropología Forense que participó en su identificación determinó que las víctimas fueron torturadas.
Tenían un año en calidad de desaparecidos, 13 eran de Guatemala y tres de Honduras; una de las víctimas fue identificada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR); posteriormente nueve víctimas guatemaltecas y tres hondureñas fueron identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Un año antes, el 16 de febrero del 2014, Gustavo, de origen guatemalteco, llamó por última vez a su familia para avisar que estaba bien, junto “al grupo” de 16 personas migrantes, cerca de Reynosa, en Tamaulipas.
El grupo de migrantes viajó en autobús desde Guanajuato a Jalisco y había llegado a Tamaulipas; en un retén de policías judiciales, los extorsionaron y como no todos pagaron los bajaron del vehículo.
Han pasado 10 años de aquella masacre y para las familias no hay un día de descanso y sosiego. Las autoridades de México, Guatemala y Honduras le han apostado al olvido pues la justicia no llega.
Fundación para la Justicia, organización no gubernamental apolítica y no religiosa, dedicada a promover el acceso a la justicia para víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos como vía para fortalecer el estado de derecho y abatir la impunidad, exigió a los tres países a llevar justicia a las familias, a la FGR no olvide el caso y a la CEAV atienda la recomendación y apoye a las víctimas.
Alejandrina Gutiérrez Gregorio, recuerda a su hijo Silvestre Pérez Gutiérrez, quien salió de su país en busca de mejores oportunidades de vida, pero tuvo la desgracia de pasar por un país donde autoridades corruptas lo entregaron a grupos criminales, quienes lo asesinaron.
“El tenía 15 años cuando salió de aquí de Guatemala, lo que queremos ahorita es justicia por la muerte de mi hijo. Mi esposo también murió por sentimiento de que él se perdió”.
“Queremos que nos ayude el Presidente de Guatemala, que nos ayude porque están desaparecidos los muchachos, quiero me de una ayuda porque ya estoy solita y enferma, también”.
“Para las familias de las 16 de las víctimas de la Masacre de Güémez, cada día que ha pasado en los últimos 10 años que llevan esperando justicia es como el primero en que les notificaron que sus familiares fueron encontrados en una fosa clandestina en Güémez”, señala Fundación para la Justicia.
En el 2019, los familiares de las víctimas guatemaltecas solicitaron medidas de asistencia, conforme a la Ley General de Víctimas, sentando un precedente como un ejercicio único de derechos de víctimas. “Sin embargo, en su momento la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) omitió deliberadamente responder a las solicitudes, hasta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le dirigió la Recomendación 81/2021, con lo que finalmente otorgó los apoyos alimenticios, pendientes desde 2019”.
Sin embargo, hasta la fecha, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha otorgado a las víctimas, la reparación integral del daño ordenada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “La Recomendación de la CNDH causó un precedente importante para las víctimas que no residen en México, no obstante, aún falta voluntad política para erradicar la discriminación institucional en contra de víctimas migrantes y desarrollar la cooperación internacional para garantizar el ejercicio de sus derechos, en igualdad de circunstancias”, señala en un comunicado Fundación para la Justicia. Albertina Nájera, madre de Pedro Gómez Nájera, también recuerda a su hijo y exige justicia a las autoridades.
“El tenía 20 años de edad y su sueño era irse para superarse por su hija y su esposa y por nosotros sus padres porque aquí no hay ninguna superación y obligamos a las autoridades mexicanas a que nos hagan favor con la justicia y el Gobierno de Guatemala; han pasado dos Gobiernos y nunca nos han ayudado, esperamos que este nuevo Gobierno nos ayude”.
En la más reciente audiencia pública sobre migración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a México, la creación de una Comisión Especial de Investigación para casos de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes; mecanismo que también fue recomendado al gobierno, por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en su informepaís sobre México.
“Salió de aquí hace diez años, sus sueños eran darle una vida mejor a sus hijos, me dejó cinco niños, ahora ya crecieron gracias a Dios, pero todavía me quedaron dos pequeños. Gracias a Dios la fundación nos ayudó a buscarlos y lo encontraron, lucharon para traerlos aquí, y ahora, aunque sea flores le vamos a tirar”, dice Martha Isabel Nájera Mateo, madre de Gustavo Adolfo Nájera y Nájera.
“Las familias de las 13 víctimas guatemaltecas y hondureñas identificadas de la Masacre de Güémez esperan con ansias el cumplimiento de esos compromisos internacionales”.
Aún hay muchas preguntas que responder, ¿quienes los mataron y por qué?, la investigación, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), se encuentra sin avances y con aún tres de las 16 víctimas pendientes de identificar. Las familias de las víctimas han tenido que enfrentar, además de la impunidad y la indolencia de las autoridades, la pobreza, la violencia, enfermedades crónicas (como la diabetes, la hipertensión y la depresión). “Y hasta con muertes prematuras, como fue la de Odilia Alonso, madre de Edgar Amilcar, quien falleció el 12 de noviembre de 2021, esperando respuestas y apoyos tanto de México como de Guatemala, que como para muchas otras víctimas migrantes, quedaron en el papel”.
La masacre dejó traumas, deudas y muchas necesidades, pero no acabó con la dignidad ni la solidaridad de esas familias, unidas en su lucha por los suyos y por los demás, señala el informe de Fundación para la Justicia. Mirna Carolina Nájera, esposa de Juan Francisco Salguero López, narra que su esposo iba a Estados Unidos a trabajar para ayudar a su pequeño hijo con discapacidad, “la ilusión más grande que tenía era que su hijo caminara, lastimosamente todas esas ilusiones, esas metas, esos propósitos quedaron solo en su mente y en su corazón”.
A diez años de la masacre, la situación para Mirna Carolina ha sido difícil, “tuve que enfrentar la búsqueda sola con los demás compañeros, compañeras, teniendo que trabajar y así poder darle una vida digna a mis hijos”. La madre de su esposo recuerda que falleció dos meses antes de que a él lo repatriaran en octubre del 2018, “ella murió esperando a su hijo, esperando una respuesta, esperando encontrarlo y hace poco acaba de fallecer el papá de mi esposo, al igual esperando justicia, una respuesta de parte de las autoridades que nunca ha llegado”. Mirna Carolina señala que la CEAV, prometió cosas que no ha cumplido, “pedimos de todo corazón que se pongan la mano en la conciencia y nos puedan apoyar”.
Al Gobierno de Guatemala también la solicitud es de apoyo para las familias, “perder un familiar en bien difícil para nosotros como familia, que seguimos en la lucha, seguimos en la búsqueda, seguimos en la espera de una respuesta digna”. Y la exigencia “también el Gobierno de acá de Guatemala en exigirle al Gobierno de México que nos pueda reparar el daño, aunque sabemos que la reparación jamás llega, porque el daño psicológico que viven los niños, que viven las madres, las esposas, los hermanos y las hermanas, cómo podemos llenar esos corazones?, pero pedimos justicia y que nos apoyen”
POR PERLA RESÉNDEZ
