TAMAULIPAS, MÉXICO.- El periodo de Irving Barrios Mojica al frente de la Fiscalía General de Justicia concluye formalmente el 15 de diciembre, por lo que la convocatoria para su reemplazo está próxima a emitirse. Con ello, iniciará un proceso para elegir a su relevo, o en su defecto, ratificarlo para un nuevo periodo de siete años.
La ley indica que el Congreso de Tamaulipas es el encargado de conducir el proceso, primero convocando a los interesados, y luego conformando una lista de seis preseleccionados -tres hombres y tres mujeres-, que será enviada al Gobernador del Estado.
El Ejecutivo seleccionará una terna que volverá al Legislativo donde finalmente se votará por el titular de la Fiscalía General de la Justicia, con el respaldo de al menos dos terceras partes de los diputados.
Por ley, el actual Fiscal tiene derecho a reelegirse, lo cual lo convertiría en el encargado de la procuración de justicia con más tiempo en el cargo, pues alcanzaría casi 16 años en esa función.
Hasta el momento, Barrios no ha confirmado ni negado su intención de buscar un periodo más.
En 2016, el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lo nombró Procurador General de Justicia (PGJ), cargo en el que fue ratificado durante 2018 tras la reforma que dio origen a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ), estableciendo un periodo de siete años en funciones.
Durante septiembre de 2021, el Congreso estatal, con mayoría del PAN, avaló reformas orientadas a ampliar y asegurar su continuidad en el puesto.
La protección legal establecía que «el Fiscal General podrá ser removido por el titular del Ejecutivo únicamente por las causas graves que establezca la ley. La remoción deberá ser aprobada dentro del plazo de diez días por el voto de al menos dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado».
Posteriormente, en julio de 2022, los legisladores panistas aprobaron transferir a la Fiscalía el manejo del C-4, el C-5, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE).
Con la entrada de Américo Villarreal Anaya al gobierno estatal y una mayoría de Morena en el poder legislativo, inició el desmantelamiento de la protección a la denominada «súper fiscalía».
El manejo del C-4 y C-5 se transfirió a la Secretaría de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública quedó bajo la Secretaría General de Gobierno, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) pasó a la Secretaría de Finanzas.
En octubre de 2023, Morena junto con sus aliados legislativos aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas que posibilitan la remoción tanto del Fiscal General como de los fiscales especializados.
De esta manera, la falta de acreditación correspondiente o vigencia en las evaluaciones de control de confianza constituye motivo suficiente para ser destituido o no designado en el cargo, según establece la reforma.
Adicionalmente, cuando se cumpla alguno de los cinco supuestos de destitución, el Congreso local podrá separarlo de sus responsabilidades mediante votación por mayoría simple mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente.
A pesar de las transformaciones realizadas tanto a la Ley de la Fiscalía como a la Constitución Local, las dos últimas legislaturas locales dominadas por Morena en el Congreso no han promovido ningún proceso de remoción contra el actual responsable de la Fiscalía General, argumentando que hasta la fecha no existen causales que lo justifiquen.
Respecto a la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado desde la llegada de Morena al poder, el nombre más mencionado ha sido el del licenciado Jesús Eduardo Govea Orozco, quien actualmente dirige la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Su designación ocurrió después de un extenso proceso para apartar del cargo a Raúl Ramírez Castañeda, quien reprobó las evaluaciones de control y confianza, requisito fundamental para permanecer en su función.
No obstante, el entonces titular de la Fiscalía Anticorrupción se amparó legalmente y denunció persecución política, además de sufrir tortura psicológica, hasta que finalmente renunció en octubre de 2024, en medio de acusaciones de protección al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
El Congreso aceleró la convocatoria y las entrevistas con los aspirantes al cargo, quedando finalmente tres candidatos: Miranda Zavala Rodríguez y Pedro Efraín González, quienes no recibieron un solo voto de los legisladores; mientras que Jesús Eduardo Govea Orozco obtuvo el respaldo unánime de los congresistas.
Fue así que el 30 de octubre de 2024, Jesús Eduardo Govea Orozco, quien previamente dirigió la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), rindió protesta como Fiscal Anticorrupción.
Govea Orozco posee una Maestría en Derecho y se desempeñó como Agente del Ministerio Público Conciliador, Investigador y Adscrito en distintas plazas, además de ocupar los cargos de Subdirector de Averiguaciones Previas y Director para la Implementación de la Reforma Penal.
Las modificaciones a la Ley de la Fiscalía no representan un obstáculo para que Irving Barrios Mojica pueda optar por la reelección, por lo que persiste la posibilidad de que se postule para un nuevo periodo, alternativa que él no ha descartado.
Por.Staff
Expreso-La Razón
