POR NORA GARC\u00cdA RODR\u00cdGUEZ
EXPRESO-LA RAZ\u00d3N<\/p>\n
Tamaulipas encabeza la lista nacional de ni\u00f1os que cumplen una pena que nadie les impuso. Veintitr\u00e9s menores viven en centros penitenciarios del estado, en instalaciones sin especificidad femenil, sostenidos por donaciones e invisibles para el presupuesto. Una radiograf\u00eda de lo que el sistema llama reinserci\u00f3n.<\/p>\n
Tamaulipas es el estado de la rep\u00fablica donde m\u00e1s ni\u00f1os y ni\u00f1as viven en centros penitenciarios junto a sus madres: veintitr\u00e9s en total, seg\u00fan el Diagn\u00f3stico Nacional de Supervisi\u00f3n Penitenciaria 2024 de la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos. Est\u00e1n distribuidos entre Reynosa con once menores, Ciudad Victoria con siete, Altamira con tres y Matamoros con dos, m\u00e1s que Jalisco, m\u00e1s que la Ciudad de M\u00e9xico, m\u00e1s que cualquier otra entidad del pa\u00eds.<\/p>\n
La causa no es mayor criminalidad femenina, sino la ausencia de centros espec\u00edficos para mujeres: las reclusas son alojadas en espacios mixtos sin infraestructura de maternidad, sin \u00e1rea de lactancia garantizada por presupuesto, y sus hijos cargan ese mismo d\u00e9ficit.<\/p>\n
Esos datos no provienen de un registro estatal actualizado, porque Tamaulipas no tiene uno p\u00fablico ni verificable con precisi\u00f3n, lo que ya es, en s\u00ed mismo, un dato.<\/p>\n
En el Centro de Ejecuci\u00f3n de Sanciones de Reynosa, nueve mujeres despiertan cada ma\u00f1ana con sus hijos al lado, once ni\u00f1os que no cometieron ning\u00fan delito pero que crecen entre concreto, rejas y turno de visitas, sin patio propio, sin guarder\u00eda. No tienen certeza de cu\u00e1ndo ver\u00e1n a su madre desde afuera, porque su madre no se ha ido: est\u00e1 ah\u00ed, a un metro, tambi\u00e9n presa, tambi\u00e9n contando d\u00edas.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos lo documenta: Tamaulipas es una de las doce entidades federativas sin instalaciones espec\u00edficas para mujeres privadas de la libertad, junto con Baja California, Durango, Guerrero y Veracruz, entre otras. El problema no es nuevo ni desconocido, sino persistente y documentado. En 2019, la CNDH emiti\u00f3 la Recomendaci\u00f3n 60\/2019 sobre las deficiencias que vulneran los derechos humanos de las mujeres reclusas en el estado, recomendaci\u00f3n que al momento de este reportaje registra cumplimiento parcial. Cinco a\u00f1os despu\u00e9s de su emisi\u00f3n, lo que esa instituci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 como obligatorio sigue sin resolverse.<\/p>\n
El Censo Penitenciario del INEGI registra 311 menores de seis a\u00f1os que viv\u00edan con sus madres en reclusi\u00f3n al cierre de 2024; 131 de ellos ten\u00edan menos de un a\u00f1o de edad, lactantes cuya primera imagen del exterior ser\u00e1, en el mejor de los casos, el patio de visitas.<\/p>\n
La cifra cay\u00f3 10.4% respecto a 2023, reducci\u00f3n que las autoridades registran como avance, aunque lo que refleja es que m\u00e1s ni\u00f1os fueron separados de sus madres antes del plazo legal, no que las condiciones dentro de los centros mejoraron.<\/p>\n
LO QUE FALTA <\/strong><\/p>\n El reglamento que rige los Centros de Readaptaci\u00f3n Social de Tamaulipas data de septiembre de 1992, publicado antes de que existiera la Ley Nacional de Ejecuci\u00f3n Penal y antes de que M\u00e9xico adoptara las Reglas de Bangkok, est\u00e1ndares m\u00ednimos de Naciones Unidas para el tratamiento de mujeres en reclusi\u00f3n.<\/p>\n Ese reglamento sigue vigente, sin actualizaci\u00f3n formal, sin derogaci\u00f3n, sin sustituci\u00f3n, mientras el mundo penitenciario que pretende regular cambi\u00f3 tres veces desde entonces. Lo que se ofrece hoy a las madres reclusas y a sus hijos no proviene de una pol\u00edtica presupuestal planificada.<\/p>\n En mayo de 2025, el CEDES de Reynosa recibi\u00f3 kits de higiene y f\u00f3rmulas l\u00e1cteas gracias a donaciones gestionadas con organizaciones civiles. Una acci\u00f3n presentada como muestra de compromiso institucional que, en t\u00e9rminos de pol\u00edtica p\u00fablica, apunta en direcci\u00f3n contraria: los derechos b\u00e1sicos de esos ni\u00f1os, su alimentaci\u00f3n, su higiene, su desarrollo, dependen de que alguien gestione una donaci\u00f3n ese mes, no de un presupuesto asignado por ley.<\/p>\n La Ley Nacional de Ejecuci\u00f3n Penal, vigente desde 2016, obliga a los centros a garantizar educaci\u00f3n inicial, vestimenta acorde a la edad y atenci\u00f3n pedi\u00e1trica para los hijos de mujeres reclusas. El Congreso de Tamaulipas discuti\u00f3 en enero de 2026 una iniciativa que recoge esas obligaciones, sin que alguien preguntara cu\u00e1nto presupuesto se destina a cumplirlas, porque la respuesta, seg\u00fan el Programa Presupuestario E061 de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica, no aparece desagregada por g\u00e9nero ni por poblaci\u00f3n infantil.<\/p>\n EL PERFIL REAL<\/strong><\/p>\n Hay un relato oficial sobre las mujeres que est\u00e1n adentro: el relato del delito que se comete, de la peligrosidad que se neutraliza, del sistema que opera. Hay otro relato, el de los datos, que no coincide con el primero. En M\u00e9xico, el 34.4% de las mujeres ingresadas a centros federales lo hizo por delitos contra la salud relacionados con narc\u00f3ticos, seg\u00fan el INEGI.<\/p>\n Gu\u00eda viajes Tamaulipas<\/span><\/p>\n <\/p>\n El 65% de las encarceladas por narcomenudeo lo est\u00e1 por posesi\u00f3n simple o con fines de comercio; en narcotr\u00e1fico, el 30% fue detenido por posesi\u00f3n y el 25% por transporte, es decir, por los eslabones m\u00e1s bajos de la cadena. En Tamaulipas, frontera con Estados Unidos y corredor hist\u00f3rico del crimen organizado, ese dato tiene un peso concreto: muchas de esas madres no son el eslab\u00f3n que el sistema finge haber capturado.<\/p>\n La investigadora Elena Azaola document\u00f3 desde hace dos d\u00e9cadas que los m\u00e1s vulnerables a la detenci\u00f3n son quienes cometieron il\u00edcitos menores o quienes no cometieron ning\u00fan delito pero permanecen presos por no poder pagar una defensa justa.<\/p>\n El libro Las mujeres olvidadas, investigaci\u00f3n acad\u00e9mica sobre el CERESO de Reynosa, recoge testimonios de internas que describen detenciones con amenazas, traslados sin aviso entre Matamoros y Reynosa, firmas de documentos sin lectura y condenas construidas sobre coacciones que nadie investig\u00f3.<\/p>\n El nivel educativo de las internas en Reynosa completa el cuadro: el 14% es analfabeta, el 36% curs\u00f3 alg\u00fan grado de primaria sin concluirla, y solo el 3% asiste a la escuela dentro del penal. El 10% participa en cursos de meditaci\u00f3n trascendental, actividad que el sistema reporta entre sus programas de reinserci\u00f3n, lo que hace visible la distancia entre lo que se llama programa y lo que realmente se ofrece.<\/p>\n Referencia geogr\u00e1fica<\/span><\/p>\n <\/p>\n REINSERCI\u00d3N EN PAPEL<\/strong><\/p>\n En noviembre de 2024, Tamaulipas instal\u00f3 el Comit\u00e9 Estatal de Fomento Laboral Penitenciario, paso que la CNDH hab\u00eda recomendado desde 2021, es decir, pasaron tres a\u00f1os entre la indicaci\u00f3n y su atenci\u00f3n. Al momento de instalarse el comit\u00e9, no exist\u00eda un programa espec\u00edfico de reinserci\u00f3n laboral para mujeres con hijos dentro de los centros.<\/p>\n En mayo de 2025, INMUJERES Tamaulipas anunci\u00f3 coordinaci\u00f3n con la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica para acercarse a las reclusas con servicios de salud, educaci\u00f3n y asesor\u00eda jur\u00eddica, anuncio que revela que en ese momento la instituci\u00f3n no contaba con padr\u00f3n actualizado ni acceso directo a los centros.<\/p>\n El Censo Penitenciario del INEGI de 2025 registra que solo el 31.9% de los centros estatales con mujeres cuenta con espacios para la maternidad, y el 26.2% con espacios para la educaci\u00f3n de los ni\u00f1os. M\u00e1s de dos terceras partes de los centros donde hay menores no tienen d\u00f3nde alojarlos. En Tamaulipas, sin centros espec\u00edficos para mujeres, esos porcentajes son m\u00e1s dif\u00edciles de verificar porque la infraestructura mixta no desagrega sus espacios por g\u00e9nero.<\/p>\n El informe de la CNDH sobre mujeres en centros mixtos documenta sobrepoblaci\u00f3n en penales del estado, con internas durmiendo en el suelo a falta de camas, condici\u00f3n que describe el espacio f\u00edsico donde esos menores duermen, gatean y pasan sus primeros a\u00f1os de vida.<\/p>\n Ese espacio no fue dise\u00f1ado para ellos, no fue adaptado para ellos y no se ha reformado para recibirlos con los est\u00e1ndares que la ley exige desde 2016. Al cierre de 2024, hab\u00eda 104 mujeres embarazadas en el sistema penitenciario nacional y 160 en periodo de lactancia. En Tamaulipas, esos datos no est\u00e1n desagregados p\u00fablicamente, aunque el estado encabeza el conteo de ni\u00f1os por centro penitenciario. La CNDH tambi\u00e9n identific\u00f3 presencia de prostituci\u00f3n en centros de Tamaulipas, dato que plantea preguntas sobre el entorno de protecci\u00f3n en el que crecen esos menores, preguntas que no han tenido respuesta en ning\u00fan foro p\u00fablico.<\/p>\n LA SEPARACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n La ley permite que los hijos permanezcan con sus madres hasta los tres a\u00f1os, cuando deben ser entregados a un familiar o, en su ausencia, a la Procuradur\u00eda Federal de Protecci\u00f3n de Ni\u00f1as, Ni\u00f1os y Adolescentes.<\/p>\n La CNDH documenta que el promedio anual de menores viviendo en reclusorios ha sido de 412 en la \u00faltima d\u00e9cada, cifra que revela que los protocolos de separaci\u00f3n no se cumplen de manera uniforme, ya sea por falta de familiar receptor o por registros poco confiables.<\/p>\n Estudios sobre desarrollo infantil en contextos de encarcelamiento materno, citados por la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, documentan que esa ruptura genera ansiedad por separaci\u00f3n, dificultades para manejar emociones y problemas de interacci\u00f3n social que se extienden a la adolescencia. La separaci\u00f3n forzada en este contexto pesa m\u00e1s que la del divorcio porque est\u00e1 rodeada de estigma y de una ruptura que el ni\u00f1o vive como abandono, aunque la madre siga viva y siga adentro.<\/p>\n La C\u00e1mara de Diputados discuti\u00f3 en abril de 2025 una iniciativa para que el Sistema DIF d\u00e9 seguimiento a esos ni\u00f1os hasta los seis a\u00f1os, reconociendo que no existe nada dise\u00f1ado para acompa\u00f1arlos despu\u00e9s de salir de una celda. La propuesta no ha sido aprobada. El n\u00famero de beb\u00e9s nacidos dentro de los penales tamaulipecos en el \u00faltimo a\u00f1o no es p\u00fablico.<\/p>\n La cantidad de mujeres embarazadas al cierre de 2025 no est\u00e1 desagregada en los informes disponibles. Los servicios m\u00e9dicos durante el embarazo, el parto y el puerperio no aparecen en ning\u00fan reporte de acceso abierto de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica, y la calificaci\u00f3n de Tamaulipas en el Diagn\u00f3stico Nacional de Supervisi\u00f3n Penitenciaria ha sido hist\u00f3ricamente baja. Veintitr\u00e9s ni\u00f1os en los centros penitenciarios del estado, bajo un reglamento de tres d\u00e9cadas, en instalaciones sin especificidad femenil, sostenidos por donaciones cuando la ley exige presupuesto, invisibles para el Congreso local que discuti\u00f3 los derechos de sus madres sin preguntar cu\u00e1ntos de ellos tienen registro actualizado. Esa ausencia no es un vac\u00edo administrativo, es la medida exacta de lo que en Tamaulipas sigue sin verse.<\/p>\n <\/p>\n LO PENDIENTE <\/strong><\/p>\n El art\u00edculo 18 constitucional establece que el sistema penitenciario se organizar\u00e1 sobre la base del respeto a los derechos humanos, y la Ley Nacional de Ejecuci\u00f3n Penal obliga a garantizar atenci\u00f3n m\u00e9dica, educaci\u00f3n inicial y condiciones dignas para los hijos de mujeres reclusas.<\/p>\n Esas obligaciones no dependen de la disponibilidad presupuestal, sino de un mandato legal que en Tamaulipas lleva una d\u00e9cada pendiente de cumplimiento completo. La Recomendaci\u00f3n 60\/2019 de la CNDH no fue una sugerencia, fue un se\u00f1alamiento formal de violaciones a derechos humanos. Su cumplimiento parcial cinco a\u00f1os despu\u00e9s no es un avance, sino una omisi\u00f3n que se sostiene en el tiempo y convierte la situaci\u00f3n en un expediente abierto sin fecha de cierre.<\/p>\n El problema tiene tres dimensiones atendidas por separado y sin resultado: infraestructura, presupuesto y registro. Sin centro espec\u00edfico no hay espacio adecuado; sin presupuesto etiquetado no hay continuidad; sin padr\u00f3n actualizado no hay forma de medir ni de mejorar.<\/p>\n Lo que se ha ofrecido en su lugar son comit\u00e9s, anuncios de coordinaci\u00f3n y donaciones gestionadas como si fueran pol\u00edtica p\u00fablica, instrumentos cuya continuidad depende de la voluntad de quien est\u00e9 en turno, no de una norma que los sostenga con independencia de los cambios de administraci\u00f3n.<\/p>\n Los veintitr\u00e9s ni\u00f1os en los CEDES tamaulipecos tienen garantizados sus derechos mientras alguien decida garantizarlos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" POR NORA GARC\u00cdA RODR\u00cdGUEZEXPRESO-LA RAZ\u00d3N Tamaulipas encabeza la lista nacional de ni\u00f1os que cumplen una pena que nadie les impuso. 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