Niñas, no madres
Esta semana, Matamoros se sumó a la lista. Una niña de 11 años permanece hospitalizada en el IMSS con un embarazo de aproximadamente cinco meses, producto de una violación que investiga la Fiscalía General de Justicia. Vecinos y familiares habían advertido señales desde antes; nadie actuó a tiempo. El 18 de febrero, en Reynosa, una adolescente de 14 años murió en el Hospital General tras presentar complicaciones por la ingesta de pastillas; la Fiscalía abrió carpeta de investigación y el caso quedó pendiente de los resultados de la necropsia. Dos historias, dos ciudades, un mismo patrón: niñas cuyos cuerpos se convierten en escenario de la violencia que la sociedad no quiere nombrar.
En México, cada año miles de niñas y adolescentes se convierten en madres, lo que refleja una historia de desigualdad, silencios impuestos y responsabilidades de las que deberían ser ajenas.
El embarazo en menores de edad es parte de la violencia contra las mujeres que les arrebata sus derechos, educación y libertad. Y, lo más importante, la inocencia de su infancia. México ocupa uno de los primeros lugares en embarazos adolescentes en América Latina.
Según el INEGI, en 2024 se registraron en el país 89,527 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años; uno de cada 19 nacimientos en México correspondió a una madre menor de edad. El Consejo Nacional de Población documentó que, durante 2025, 7,887 niñas de 10 a 14 años dieron a luz, un promedio de 22 nacimientos diarios en ese grupo de edad.
La OMS considera que todo embarazo en menores de 15 años es producto de violencia sexual, porque no existe capacidad plena de consentimiento. En Tamaulipas, la Secretaría de Salud reportó 61 embarazos en menores de 14 años durante 2024, mientras que el INEGI contabilizó 130 niñas de 10 a 14 años que tuvieron su primer hijo ese mismo año, de un total de 1,954 nacimientos registrados a cargo de menores de edad en el estado. El 10 % de los nacimientos en la entidad siguen correspondiendo a niñas y adolescentes, lo que ubica a Tamaulipas en el lugar 15 a nivel nacional en ese indicador. De enero a septiembre de 2025, la propia Secretaría de Salud registró 143 nacimientos en menores de 15 años en el estado. En materia de aborto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó 69 casos en Tamaulipas durante 2024, la cifra más alta en una década.
El 90 % de las menores de edad embarazadas son forzadas a abandonar sus estudios, lo que incrementa su vulnerabilidad económica y social. El embarazo en menores de edad no solo es un problema de salud pública, también es de violencia de género.
Ellas, al no tener la mayoría de edad, enfrentan violencia sexual; en su mayoría, los embarazos son consecuencia de abuso o coerción. Padecen en las instituciones: al no tener la mayoría de edad, no pueden acceder a una interrupción legal del embarazo con autonomía plena; sufren violencia económica porque se hacen totalmente dependientes de su abusador o de su propia familia. El embarazo infantil es una cadena de violaciones sexuales y de sus derechos fundamentales. Y cuando esa cadena no se rompe a tiempo, como en Reynosa, termina en la muerte de una niña que buscó una salida clandestina porque el sistema no le ofreció otra.
Este tipo de situaciones están a la orden del día, producto de un sistema que sexualiza a las niñas y niega una educación sexual integral. Mientras no se reconozca que maternar no es el destino de todas, la sociedad seguirá justificando el despojo de infancias.
El derecho a decidir es de todas, incluidas niñas y adolescentes. El acceso a la salud sexual y reproductiva es un derecho: no debería ser condicionado a la edad, al estado civil o al permiso de un adulto. Hablar de interrupción legal del embarazo es hablar del derecho a la vida y a un futuro para quienes aún no han construido uno; también es hablar de que ninguna adolescente debería morir por recurrir a un procedimiento clandestino cuando la vía legal existe pero no llega a tiempo.
Lo que urge es fortalecer y aplicar la NOM-046 contra la violencia sexual, garantizar la educación sexual integral desde la infancia, asegurar atención médica y psicológica libre de estigmas, investigar y sancionar a los agresores —NO a las víctimas—, y crear redes comunitarias de apoyo y acompañamiento. Porque si una niña está embarazada, hay responsables que deben enfrentar todo el peso de la ley. Las autoridades educativas y de salud de todos los niveles de gobierno deben prevenir, desde las aulas y los hogares, que un sector de la población indispensable en nuestra sociedad se encuentre expuesto a la total vulnerabilidad, y deben dar el seguimiento necesario para evitar que más niñas interrumpan su infancia o pierdan la vida en el intento de recuperarla.
Además de legislar para que cualquier menor que atraviese una situación similar tenga la garantía y protección de las autoridades, de manera preventiva y también reactiva.
