POR NORA GARCÍA RODRÍGUEZ
EXPRESO-LA RAZÓN
Tamaulipas encabeza la lista nacional de niños que cumplen una pena que nadie les impuso. Veintitrés menores viven en centros penitenciarios del estado, en instalaciones sin especificidad femenil, sostenidos por donaciones e invisibles para el presupuesto. Una radiografía de lo que el sistema llama reinserción.
Tamaulipas es el estado de la república donde más niños y niñas viven en centros penitenciarios junto a sus madres: veintitrés en total, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Están distribuidos entre Reynosa con once menores, Ciudad Victoria con siete, Altamira con tres y Matamoros con dos, más que Jalisco, más que la Ciudad de México, más que cualquier otra entidad del país.
La causa no es mayor criminalidad femenina, sino la ausencia de centros específicos para mujeres: las reclusas son alojadas en espacios mixtos sin infraestructura de maternidad, sin área de lactancia garantizada por presupuesto, y sus hijos cargan ese mismo déficit.
Esos datos no provienen de un registro estatal actualizado, porque Tamaulipas no tiene uno público ni verificable con precisión, lo que ya es, en sí mismo, un dato.
En el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, nueve mujeres despiertan cada mañana con sus hijos al lado, once niños que no cometieron ningún delito pero que crecen entre concreto, rejas y turno de visitas, sin patio propio, sin guardería. No tienen certeza de cuándo verán a su madre desde afuera, porque su madre no se ha ido: está ahí, a un metro, también presa, también contando días.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo documenta: Tamaulipas es una de las doce entidades federativas sin instalaciones específicas para mujeres privadas de la libertad, junto con Baja California, Durango, Guerrero y Veracruz, entre otras. El problema no es nuevo ni desconocido, sino persistente y documentado. En 2019, la CNDH emitió la Recomendación 60/2019 sobre las deficiencias que vulneran los derechos humanos de las mujeres reclusas en el estado, recomendación que al momento de este reportaje registra cumplimiento parcial. Cinco años después de su emisión, lo que esa institución señaló como obligatorio sigue sin resolverse.
El Censo Penitenciario del INEGI registra 311 menores de seis años que vivían con sus madres en reclusión al cierre de 2024; 131 de ellos tenían menos de un año de edad, lactantes cuya primera imagen del exterior será, en el mejor de los casos, el patio de visitas.
La cifra cayó 10.4% respecto a 2023, reducción que las autoridades registran como avance, aunque lo que refleja es que más niños fueron separados de sus madres antes del plazo legal, no que las condiciones dentro de los centros mejoraron.
LO QUE FALTA
El reglamento que rige los Centros de Readaptación Social de Tamaulipas data de septiembre de 1992, publicado antes de que existiera la Ley Nacional de Ejecución Penal y antes de que México adoptara las Reglas de Bangkok, estándares mínimos de Naciones Unidas para el tratamiento de mujeres en reclusión.
Ese reglamento sigue vigente, sin actualización formal, sin derogación, sin sustitución, mientras el mundo penitenciario que pretende regular cambió tres veces desde entonces. Lo que se ofrece hoy a las madres reclusas y a sus hijos no proviene de una política presupuestal planificada.
En mayo de 2025, el CEDES de Reynosa recibió kits de higiene y fórmulas lácteas gracias a donaciones gestionadas con organizaciones civiles. Una acción presentada como muestra de compromiso institucional que, en términos de política pública, apunta en dirección contraria: los derechos básicos de esos niños, su alimentación, su higiene, su desarrollo, dependen de que alguien gestione una donación ese mes, no de un presupuesto asignado por ley.
La Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente desde 2016, obliga a los centros a garantizar educación inicial, vestimenta acorde a la edad y atención pediátrica para los hijos de mujeres reclusas. El Congreso de Tamaulipas discutió en enero de 2026 una iniciativa que recoge esas obligaciones, sin que alguien preguntara cuánto presupuesto se destina a cumplirlas, porque la respuesta, según el Programa Presupuestario E061 de la Secretaría de Seguridad Pública, no aparece desagregada por género ni por población infantil.
EL PERFIL REAL
Hay un relato oficial sobre las mujeres que están adentro: el relato del delito que se comete, de la peligrosidad que se neutraliza, del sistema que opera. Hay otro relato, el de los datos, que no coincide con el primero. En México, el 34.4% de las mujeres ingresadas a centros federales lo hizo por delitos contra la salud relacionados con narcóticos, según el INEGI.
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El 65% de las encarceladas por narcomenudeo lo está por posesión simple o con fines de comercio; en narcotráfico, el 30% fue detenido por posesión y el 25% por transporte, es decir, por los eslabones más bajos de la cadena. En Tamaulipas, frontera con Estados Unidos y corredor histórico del crimen organizado, ese dato tiene un peso concreto: muchas de esas madres no son el eslabón que el sistema finge haber capturado.
La investigadora Elena Azaola documentó desde hace dos décadas que los más vulnerables a la detención son quienes cometieron ilícitos menores o quienes no cometieron ningún delito pero permanecen presos por no poder pagar una defensa justa.
El libro Las mujeres olvidadas, investigación académica sobre el CERESO de Reynosa, recoge testimonios de internas que describen detenciones con amenazas, traslados sin aviso entre Matamoros y Reynosa, firmas de documentos sin lectura y condenas construidas sobre coacciones que nadie investigó.
El nivel educativo de las internas en Reynosa completa el cuadro: el 14% es analfabeta, el 36% cursó algún grado de primaria sin concluirla, y solo el 3% asiste a la escuela dentro del penal. El 10% participa en cursos de meditación trascendental, actividad que el sistema reporta entre sus programas de reinserción, lo que hace visible la distancia entre lo que se llama programa y lo que realmente se ofrece.
Referencia geográfica
REINSERCIÓN EN PAPEL
En noviembre de 2024, Tamaulipas instaló el Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario, paso que la CNDH había recomendado desde 2021, es decir, pasaron tres años entre la indicación y su atención. Al momento de instalarse el comité, no existía un programa específico de reinserción laboral para mujeres con hijos dentro de los centros.
En mayo de 2025, INMUJERES Tamaulipas anunció coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para acercarse a las reclusas con servicios de salud, educación y asesoría jurídica, anuncio que revela que en ese momento la institución no contaba con padrón actualizado ni acceso directo a los centros.
El Censo Penitenciario del INEGI de 2025 registra que solo el 31.9% de los centros estatales con mujeres cuenta con espacios para la maternidad, y el 26.2% con espacios para la educación de los niños. Más de dos terceras partes de los centros donde hay menores no tienen dónde alojarlos. En Tamaulipas, sin centros específicos para mujeres, esos porcentajes son más difíciles de verificar porque la infraestructura mixta no desagrega sus espacios por género.
El informe de la CNDH sobre mujeres en centros mixtos documenta sobrepoblación en penales del estado, con internas durmiendo en el suelo a falta de camas, condición que describe el espacio físico donde esos menores duermen, gatean y pasan sus primeros años de vida.
Ese espacio no fue diseñado para ellos, no fue adaptado para ellos y no se ha reformado para recibirlos con los estándares que la ley exige desde 2016. Al cierre de 2024, había 104 mujeres embarazadas en el sistema penitenciario nacional y 160 en periodo de lactancia. En Tamaulipas, esos datos no están desagregados públicamente, aunque el estado encabeza el conteo de niños por centro penitenciario. La CNDH también identificó presencia de prostitución en centros de Tamaulipas, dato que plantea preguntas sobre el entorno de protección en el que crecen esos menores, preguntas que no han tenido respuesta en ningún foro público.
LA SEPARACIÓN
La ley permite que los hijos permanezcan con sus madres hasta los tres años, cuando deben ser entregados a un familiar o, en su ausencia, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
La CNDH documenta que el promedio anual de menores viviendo en reclusorios ha sido de 412 en la última década, cifra que revela que los protocolos de separación no se cumplen de manera uniforme, ya sea por falta de familiar receptor o por registros poco confiables.
Estudios sobre desarrollo infantil en contextos de encarcelamiento materno, citados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, documentan que esa ruptura genera ansiedad por separación, dificultades para manejar emociones y problemas de interacción social que se extienden a la adolescencia. La separación forzada en este contexto pesa más que la del divorcio porque está rodeada de estigma y de una ruptura que el niño vive como abandono, aunque la madre siga viva y siga adentro.
La Cámara de Diputados discutió en abril de 2025 una iniciativa para que el Sistema DIF dé seguimiento a esos niños hasta los seis años, reconociendo que no existe nada diseñado para acompañarlos después de salir de una celda. La propuesta no ha sido aprobada. El número de bebés nacidos dentro de los penales tamaulipecos en el último año no es público.
La cantidad de mujeres embarazadas al cierre de 2025 no está desagregada en los informes disponibles. Los servicios médicos durante el embarazo, el parto y el puerperio no aparecen en ningún reporte de acceso abierto de la Secretaría de Seguridad Pública, y la calificación de Tamaulipas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria ha sido históricamente baja. Veintitrés niños en los centros penitenciarios del estado, bajo un reglamento de tres décadas, en instalaciones sin especificidad femenil, sostenidos por donaciones cuando la ley exige presupuesto, invisibles para el Congreso local que discutió los derechos de sus madres sin preguntar cuántos de ellos tienen registro actualizado. Esa ausencia no es un vacío administrativo, es la medida exacta de lo que en Tamaulipas sigue sin verse.
LO PENDIENTE
El artículo 18 constitucional establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, y la Ley Nacional de Ejecución Penal obliga a garantizar atención médica, educación inicial y condiciones dignas para los hijos de mujeres reclusas.
Esas obligaciones no dependen de la disponibilidad presupuestal, sino de un mandato legal que en Tamaulipas lleva una década pendiente de cumplimiento completo. La Recomendación 60/2019 de la CNDH no fue una sugerencia, fue un señalamiento formal de violaciones a derechos humanos. Su cumplimiento parcial cinco años después no es un avance, sino una omisión que se sostiene en el tiempo y convierte la situación en un expediente abierto sin fecha de cierre.
El problema tiene tres dimensiones atendidas por separado y sin resultado: infraestructura, presupuesto y registro. Sin centro específico no hay espacio adecuado; sin presupuesto etiquetado no hay continuidad; sin padrón actualizado no hay forma de medir ni de mejorar.
Lo que se ha ofrecido en su lugar son comités, anuncios de coordinación y donaciones gestionadas como si fueran política pública, instrumentos cuya continuidad depende de la voluntad de quien esté en turno, no de una norma que los sostenga con independencia de los cambios de administración.
Los veintitrés niños en los CEDES tamaulipecos tienen garantizados sus derechos mientras alguien decida garantizarlos.
